domingo, 8 de marzo de 2009

FEMICIDIO…LA PENA CAPITAL POR SER MUJER


Ana Leticia Aguilar[1]

“…María Isabel era una adolescente de quince años, alta, delgada, tez blanca y pelo largo castaño. Acababa de terminar el tercer grado de educación básica…era una niña alegre, divertida y amigable…le gustaba oír música, cantar y bailar… La mamá recuerda: “no puedo olvidar cómo le desfiguraron sus ojos, le quebraron una pierna y le hirieron la cabeza…la pierna izquierda cortada con machete, el cerebro herido con una piocha, las manos y los pies amarrados con alambre de púas…”♀1

La violencia contra las mujeres siempre ha existido en Guatemala. Aunque las investigaciones sean escasas, los datos poco fidedignos y contemos con evidencia empírica limitada, sí existen cifras que lo confirman. Más contundente que las cifras no obstante, es la memoria colectiva, la historia oral de las mujeres que da cuenta de la existencia de violencia en contra nuestra: física, cultural, psicológica, sexual, patrimonial y en su manifestación más exacerbada, femicidio. En el afán de romper el silencio y detener este lastre, algunas valientes mujeres -pocas todavía- se han atrevido a denunciarla, a apoyar de diversa manera a quienes han sido y son afectadas por ella, a recolectar datos, registrar información, influenciar al Estado y a otros sectores sociales sobre la importancia de enfrentar la violencia sexista. Esta realidad existe aunque no la nombremos.

En los últimos años se observa en Guatemala un incremento de muertes violentas de mujeres y con ello, del interés de algunos grupos sociales por comprender el problema y generar aportes para su solución. Sin embargo, ello no siempre fue así. Durante muchos años, el problema de la violencia contra las mujeres fue parte de la agenda de un reducido grupo de organizaciones del movimiento feminista y de mujeres, no de todo el movimiento. Durante largo tiempo, esa fue la respuesta que se ofreció a este problema. En efecto, los antecedentes de mujeres organizadas dedicadas a ese fin datan más o menos de los últimos 13 años, cuando surgió la Red de la No Violencia contra las Mujeres.

En el proceso de desarrollo de su trabajo, las mujeres que integran la Red empezaron paulatinamente a abordar las cuestiones teóricas del problema, para tratar de entender cuáles eran, desde la teoría feminista, las explicaciones de las causas, relaciones y lógicas socio culturales que daban lugar a la violencia específica contra las mujeres, por su condición de género.

A partir de entonces surgieron algunas nociones sobre “femicidio”. Sabían que era un fenómeno relacionado con la violencia sexista. Intuían que exista un hilo conductor entre todas las formas de violencia contra las mujeres. El acoso, el abuso continuo, la violencia sobre la cual se nos ha socializado a las mujeres y hombres en la sociedad, son todos eslabones de la misma cadena, que en su extremo más perverso está atada a los cadáveres de las mujeres ejecutadas. Pero otro elemento saltaba a la mente de estas mujeres comprometidas con la defensa de los derechos de las humanas: las ejecuciones estaban inmersas en la historia del país, el femicidio posiblemente había existido entonces desde siempre en Guatemala, sería tan viejo como el patriarcado. Pero estas ideas solamente constituían aproximaciones al tema para un reducido sector organizado de mujeres.

Ellas encontraron una enorme soledad en este empeño. Otros grupos sociales, desde el Estado y la sociedad organizada, se negaron de manera implícita o explícita, pero siempre recurrente, a reconocer que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. El tema de la violencia contra las mujeres, como expresión de relaciones de poder opresivas entre los sexos, provocó y provoca resistencias y defensas, incluso entre los más comprometidos con la defensa de los derechos humanos y con otras reivindicaciones sociales, derivadas de jerarquías de clase o étnicas, por no citar sino algunas.

Junto al aumento dramático en las cifras de mujeres ejecutadas se dio una fuerte presión y denuncia por la Red que, en el contexto de la campaña internacional Por la Vida de las Mujeres Ni una Muerte Más, lograron que otros grupos, aunque tardíamente, se involucraran y que los medios de comunicación, particularmente las mujeres que trabajan en los medios, empezaran a visibilizar que los cadáveres encontrados correspondían a mujeres ejecutadas.

La generación de consensos, el debate, la coordinación y la interlocución entre los diferentes grupos, aunque todavía incipiente, principia a tomar curso. Es positivo que otros actores y organizaciones y por fin el Estado, hayan empezado a generar acciones en la dirección de comprender y enfrentar el problema y que se sumen cada vez más al trabajo por la defensa de los derechos de las humanas. Lamentablemente Guatemala no es una excepción. El femicidio es un fenómeno generalizado a nivel mundial y las sociedades de los diferentes países están empezando a darse cuenta que es preciso detenerlo.

NACER MUJERES: UN RIESGO ANUNCIADO

El concepto de femicidio es de conocimiento y uso reciente en América Latina; existe además poco debate al respecto. Quienes al parecer lo utilizaron de manera sistemática por primera vez fueron Diana Russell y Hill Radford en su libro: Femicide: The Politics of Woman Killing. Ellas plantearon que el femicidio es el asesinato de mujeres por el hecho de serlo; es decir, por su condición de género. Está vinculado a las relaciones de inequidad y exclusión que vivimos las mujeres en la sociedad y se manifiesta en el contexto de la violencia sexista contra nosotras. No es un asunto privado, sino un fenómeno histórico, de orden social, que ocurre para perpetuar el poder masculino en las sociedades patriarcales.

Ya sea por las causas o móviles de las ejecuciones, por la relación de las mujeres asesinadas con el perpetrador, o por las manifestaciones de brutalidad de los asesinatos, el femicidio en todos los casos está vinculado a la violencia sexual contra las mujeres. Es la forma de violencia más extrema contra nosotras.

Una serie de investigaciones sobre el femicidio y su recurrencia en algunos países latinoamericanos, dan cuenta de la aparente existencia de… “un sustrato permanente de violencia de género en la sociedad que mantiene un nivel relativamente constante de femicidios, que no depende de las situaciones coyunturales, las trasformaciones sociales u otras razones que alimentan la violencia social”, como señalan Carcedo y Sagot. Esto estaría indicando que existe la necesidad de analizar y enfrentar el problema de manera específica y diferenciada a como se enfrentan otros homicidios o formas de violencia social: “En el momento en que cualquiera de estas formas de violencia resulta en la muerte de la mujer, ésta se convierte en femicidio. El femicidio es, por lo tanto, la manifestación más extrema de este continuum de violencia. Desde esa perspectiva, la violencia de género es un elemento central que ayuda a comprender la condición social de las mujeres. La presencia o amenaza real de violencia cotidiana y de femicidio ilustran cómo la opresión y la desigualdad colocan a las mujeres en una posición terriblemente vulnerable. La violencia contra las mujeres es de hecho la piedra angular de la dominación de género”. “Femicidio en Costa Rica: balance mortal” en: Revista Medicina Legal en Costa Rica. Vol 19 No. 1. Heredia Marzo 2002, Ana Carcedo y Montserrat Sagot.

Estas investigaciones coinciden en considerar que los femicidios son un tipo particular de muertes violentas intencionales, que requieren ser enfrentadas tomando en cuenta su especificidad en términos de las circunstancias en las que ocurren, las particularidades de los perpetradores y sus víctimas, y de las relaciones que los unen.♀2

En Guatemala en particular, existe una tendencia dentro de algunos grupos a considerar que el femicidio ocurre de manera aislada, producto de…“fuerzas oscuras o paralelas que nos gobiernan”, vinculadas al narcotráfico, las maras y otras expresiones del crimen organizado. Es decir, separan el femicidio de su verdadero sustrato de origen: la violencia sexista contra las mujeres y lo atribuyen a la violencia generalizada que vive el país. Estos elementos contribuyen a considerar estos asesinatos como “normales” o menos serios que otros.

Si bien no es nuestro interés afirmar que ocurren más muertes de mujeres que de hombres en Guatemala, ni que otras formas de violencia y asesinatos contra hombres y niños no tengan importancia o sean menos relevantes, sí es importante aclarar que el femicidio tiene una direccionalidad asociada a relaciones de poder opresivas entre hombres y mujeres y que existe una prevalencia y riesgo mayor para mujeres que están inmersas en relaciones violentas o que quieren salir de ese tipo de relaciones con compañeros violentos.

Existen otras condicionantes asociadas a la violencia y a sus manifestaciones que viven las mujeres, tales como las condiciones de pobreza, la exclusión social generalizada, las preferencias sexuales u otros tipos de conducta que socialmente riñen con las normas de comportamiento reconocidas y de adscripción al rol más tradicional. Pero en todos los casos, la causa fundamental está asociada a la condición subordinada de género de las mujeres en el sistema patriarcal, aunque las diferentes estructuras de poder actúan de manera interactiva y no sean excluyentes entre sí.

Otra tendencia que ha surgido es la que plantea que el femicidio es una herencia del conflicto armado interno que vivió el país. El ensañamiento con el que han sido ejecutadas algunas de las mujeres recuerda los crímenes cometidos durante aquel triste período. Ahora bien, el femicidio es un hecho histórico que no ocurre de manera aislada. Las manifestaciones con que son ejecutadas las mujeres pueden variar en dependencia directa con el contexto socio cultural de la realidad social de que se trate. El control y el castigo a las mujeres toma formas específicas en cada período de desarrollo, porque en cada uno de ellos la rebeldía de estas ha cuestionado e interpelado los roles tradicionales para los cuales hemos sido socializadas y que también se manifiestan en relación directa con las formas organizativas que las sociedades han dispuesto para su propia reproducción.

Durante el conflicto armado hubo ejecuciones de mujeres, “femicidio no íntimo” como dicen algunas autoras. Ello porque las mujeres estuvieron inmersas en el conflicto directamente, como combatientes, militantes de oposición al régimen contrainsurgente, protagonistas de poblaciones en resistencia, líderes del desplazamiento interno y externo, viudas, esposas, madres o parientes de los combatientes. La violación de mujeres y las formas de tortura con connotaciones sexuales, eran parte de la estrategia contrainsurgente y contribuían de manera directa a quebrantar la moral de la gente, a la derrota ideológica de la guerra. Así es y así ha sido en todas las guerras que conocemos, según estudios de historiadoras feministas, que incluso han hablado de los cuerpos de las mujeres como “botines de guerra” y otros “territorios por conquistar”. La violencia contra las mujeres está presente en las raíces del mestizaje de todos los pueblos invadidos y colonizados. Durante ese período seguramente hubo miles de mujeres ejecutadas, cuyos datos nunca conoceremos, pero que no por eso dejan de existir.

El femicidio que ocurrió durante el conflicto armado interno adquirió formas y representaciones particulares a ese contexto contrainsurgente. Pero el que haya existido entonces no quiere decir que ese sea su punto de origen y que el que estamos testificando ahora sea la herencia de aquél. Sí guarda una estrecha relación con este y con los que pudieron darse durante el período de la invasión y la colonia. Pero esa relación está basada en el hecho de que las muertas fueron y son mujeres, ejecutadas por el hecho de serlo.

Asumir la situación de otra manera, es contribuir a la confusión y a la pulverización de la direccionalidad de la violencia contra las mujeres y del femicidio, del perpetrador y de las relaciones socio culturales que dan cuenta del fenómeno. Es despojarlo de su contenido político intrínseco: el femicidio es el último peldaño de un continuum de diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres, tanto en lo público como en lo privado.♀3 El concepto de femicidio ayuda a comprender el carácter absolutamente político y social del problema: sólo es posible porque socialmente existen dispositivos y lógicas culturales que han institucionalizado y reproducen relaciones de poder opresivas entre los sexos.

El concepto de femicidio surge también en contraposición al término “homicidio” que corresponde al “género neutral”. Permitió igualmente superar el discurso legalista que… “está basado en definiciones estrechas y discretas de lo sexual y lo violento, que pueden distorsionar y negar la realidad de las mujeres”. ♀4

Existe sin embargo, un debate que enfrenta como distintos, los conceptos “femicidio” y “feminicidio”. El mismo aduce que el primero es un anglicismo que deviene de “femicide”, que refiere a los asesinatos por odio a mujeres realizados por hombres, mientras que el concepto de “feminicidio” amplía al primero…“porque sólo existe feminicidio cuando hay impunidad”.

Es Marcela Lagarde quien ha introducido este aparente debate sobre el concepto “femicidio”, planteando que ha acuñado el concepto de “feminicidio”…”para diferenciar los términos de sólo homicidio de mujeres a este conjunto de crímenes con impunidad…”♀5 Sin embargo, ya Radford y Russell plantearon en su momento el concepto de “femicidio” como opuesto y distinto al concepto de homicidio, argumentando sí en este caso, aspectos de orden legal, relacionados a la impunidad en la impartición de justicia, cuando de las mujeres se trata. En todo caso, la discusión es insuficiente. Falta asumir lo que es más importante: que en la medida en que existan mejores condiciones para conocer-comprender las causas, relaciones y lógicas socio-culturales que dan lugar al fenómeno del femicidio, se está en mejores condiciones para definir las estrategias necesarias destinadas a enfrentar y detener el problema.

Según Radford y Rusell (Op. Cit) y de acuerdo a las investigaciones realizadas por muy diversas autoras, se ha encontrado hasta ahora que el femicidio puede tomar dos formas: femicidio íntimo y femicidio no íntimo. El primero está asociado a los asesinatos cometidos por hombres con quienes las ejecutadas tenían una relación familiar, de convivencia o ambas. El no íntimo ocurriría en los casos en que no existieron tales relaciones íntimas con los perpetradores, aunque frecuentemente se ha observado que este tipo de femicidio involucra un ataque sexual previo. “Otras estadísticas indican que a nivel mundial, el femicidio es la sexta causa de muerte de mujeres entre 15 y 49 años. Más de mil mujeres mueren anualmente a manos de sus parejas y se calcula que ascienden a 3 millones, las mujeres que sufren abusos físicos por parte de sus maridos o novios cada año. En España, los cálculos oficiales no varían cada año, se cuentan entre 50 y 70 las mujeres muertas a causa de la violencia doméstica. En Colombia, como consecuencia del conflicto armado, cada dos días muere una mujer. En Costa Rica, en los últimos dos años, más de 30 mujeres fueron asesinadas. En Paraguay, una mujer es asesinada cada 10 días. En Estados Unidos, en 1992, se contaron 5 mil 373 casos de femicidio, la mitad fueron perpetrados por esposos u hombres con quienes las víctimas habían mantenido relaciones. En Puerto Rico, la Coordinadora Paz para la Mujer, informó que en el período de 1990 a noviembre de 2002, el número de casos de femicidio fue de 287. Estos datos fueron suministrados por la Policía de Puerto Rico. En 2000, la cifra fue de 14 muertes”. (www.isis.cl.temas/vi/informe.htm)

Existe además un femicidio por conexión, que es una tercera categoría de delito, el cual hace referencia a mujeres asesinadas en la línea de fuego de un hombre que trataba de matar a otra mujer, tales como parientes, niñas o mujeres que intervinieron para evitar el asesinato.

El femicidio tiene un significado político contundente para las mujeres: paraliza la oposición a las normas sexistas y puede ocurrir por la sola percepción de que esas normas son recusadas. Tiene la función final de controlar, disciplinar y castigar desde el momento en que ocurre la ejecución de una mujer, hasta el tratamiento posterior por los medios de comunicación y los organismos encargados de la impartición de justicia.

El femicidio juega un papel resignificante de las relaciones de opresión y subordinación de las mujeres. Especialmente por la vía de la culpabilización y de la aplicación de la “pena capital” ante la infracción de la norma, solidifica el miedo y reactiva los dispositivos que en los imaginarios sociales están plagados de la mitología que asedia a las mujeres y su papel en la sociedad. Dan lugar así mismo, a la continuidad de la opresión y la discriminación de las mujeres. El mensaje del mito es: Mujeres “pásense la línea y les puede costar la vida". Hombres "ustedes pueden matarlas porque les pertenecen y están obligados a disciplinarlas”.

El femicidio tiene un impacto en la reproducción de la sociedad en su conjunto y es un problema de seguridad ciudadana. En el Diagnóstico Situacional de las Muertes Violentas en Guatemala, se indica que ”…eventos como la muerte violenta de una persona integrante del núcleo familiar alteran de manera definitiva, el modo en que la familia resuelve sus intercambios con el exterior y la dinámica de distribución de los roles y el trabajo a lo interno del hogar…si una familia se ve disminuida en sus posibilidades de solucionar sus formas y dinámicas de reproducción, ello tiene consecuencias definitivas en las relaciones, dinámicas y toles que a nivel de la sociedad en su conjunto se han diseñado a su vez para la reproducción de la misma”. ♀5

Es necesario, para la búsqueda de soluciones, establecer con mayor claridad las causas, relaciones y lógicas que dan lugar al femicidio. Hasta ahora, los diagnósticos y las investigaciones realizadas no logran arrojar todavía, suficientes hallazgos que permitan esclarecer cómo están operando estos aspectos en los sucesos cotidianos.

SER MUJER Y VIVIR EN GUATEMALA: UNA COMBINACIÓN MORTAL

El problema de las muertes violentas de mujeres ha sobrepasado las posibilidades y capacidades de la intervención estatal. Los datos oficiales son escasos, contradictorios, no fidedignos e incoherentes. Aún así, las autoridades manejan la cifra oficial de 1, 188 mujeres muertas, entre 2001 y agosto de 2004. Sobre las cifras del 2005 solamente la Policía Nacional Civil cuenta con una base de datos. Solamente en junio de este año se presume que fueron 30 las mujeres ejecutadas.

En este contexto, la primera dificultad que enfrenta cualquiera que espera conocer con mayor claridad las manifestaciones del femicidio en Guatemala, es que no hay datos confiables. El silencio que históricamente ha rodeado el problema de la violencia contra las mujeres encuentra ahora, con el femicidio, una válvula de salida. Es imposible seguir callando o dando la espalda a este hecho que nos estalla en la cara temprano todos los días, cuando abrimos los periódicos y encontramos la noticia de más mujeres ejecutadas.

Pero los dispositivos silenciadores que han operado hasta ahora para acallar y contener la realidad sobre la violencia sexista, tienen en las deficiencias y los vacíos en los sistemas de acopio, registro y estadística, a uno de sus mejores aliados.

El dato se construye de manera arbitraria y no existen procedimientos comunes para hacerlo, a nivel institucional. Muchas veces, las fuentes por excelencia para construir el dato son los medios de comunicación, quienes a su vez tienen como fuentes por excelencia a vecinos/as, bomberos y policías que acuden a verificar los hechos.

Los imaginarios de estas personas están plagados de connotaciones de minusvalía respecto de las mujeres y generalmente las culpabilizan y acusan de provocar la violencia y la ejecución, por su mal comportamiento. Las preguntas y las respuestas están inmersas en el marco de esas representaciones del fenómeno. Resultado: el dato no es fidedigno.

En esta cadena de actores y de acciones que intervienen en la construcción del dato se van mezclando y confundiendo las cosas.

· Las causas comienzan a ser identificadas como móviles de los crímenes y viceversa, obstaculizando cualquier posibilidad de identificar la relación de las mujeres ejecutadas con los perpetradores. Así, resulta más fácil no responsabilizar a nadie en particular y aducir que los victimarios son hombres de las maras o miembros del crimen organizado.

· Los sospechosos se diluyen alternativamente en diversas formas de intervención; es decir, unas veces como ejecutores, otras como co ejecutores y algunas más como autores intelectuales. Esto tampoco permite conocer el perfil criminológico del perpetrador, ni la relación de la mujer ejecutada con el mismo.

· Los sospechosos son generalmente asumidos como “mareros” o integrantes del crimen organizado, disminuyendo así la importancia del homicidio, o abandono en el hecho que las mujeres fueron asesinadas porque eran integrantes de maras y de redes de narcotráfico o trata de personas, aunque se parta solamente de meras presunciones.

· Se observa una tendencia a minimizar los casos (elevados por sí) en que los perpetradores tenían una relación de convivencia, amorosa o sentimental con la mujer ejecutada.

· Se tiende de entrada, a considerar que los responsables están enfermos, son drogadictos o psicópatas y por eso actúan de esa manera. De nuevo la direccionalidad del problema se diluye entre otras causas intervinientes, pero no determinantes.

· Se recurre a explicaciones míticas de los sucesos violentos: son castigos divinos por mala conducta o quienes ejecutan el hecho violento tienen pactos con el demonio (la mitología “satánica”) y de nuevo entonces, la responsabilidad del perpetrador se diluye o se traslada a entidades divinas o encantadas.

Ante este estado de indisponibilidad de datos, resulta una buena alternativa recurrir a algunos estudios que, como intentos de aproximación, arrojan ciertos datos que ayudan a entender las características del femicidio en Guatemala. En ese contexto, el Diagnóstico realizado por el Grupo Guatemalteco de Mujeres,♀6 al que aludimos antes, a pesar de haber sido realizado con una muestra limitada aporta evidencias interesantes.

  • De octubre del 2003 a mayo del 2004 habían sido ejecutadas un promedio de 10 mujeres al mes.
  • Las regiones que presentaban, durante el mismo período, los niveles más altos de ejecuciones, eran la ciudad capital y los municipios del departamento de Guatemala, aunque este comportamiento ha cambiado aparentemente actualmente. Sin embargo, en la mayor parte de ejecuciones, no se reportaba el lugar donde había sido encontrado el cadáver. Además, en la mayoría de los casos no se conocía el escenario de la ejecución, sólo eventualmente, el lugar donde habían sido encontrados los cadáveres.
  • La mayoría de las ejecuciones habían sido realizadas durante horas de la noche, pero la cifra se comparte en un porcentaje de 50% a 50%, con el número de casos en los que se desconocía el horario de la ejecución.
  • Las edades de las mujeres ejecutadas se encuentran entre los rangos de 13 a 53 años; sin embargo, la inmensa mayoría se situaba entre 13 y 22 años de edad: niñas, adolescentes y jóvenes en edad reproductiva.
  • Existe un número significativo de casos en los que no puede establecerse la nacionalidad de las ejecutadas. Esto puede estar asociado a que las mujeres en muchos casos están indocumentadas o no portan documentos por razones de inmigración. Podría presumirse que algunas de ellas estén vinculadas a redes de trata de personas.
  • El mayor número de lesiones fue provocado por armas de fuego, aunque también existen casos en los que se ha utilizado arma blanca, asfixia y politraumatismos para provocarles la muerte. En muchos casos, debido a la intervención tardía de las autoridades, no es posible conocer la causa básica de las muertes, pues los cuerpos son encontrados en avanzado estado de descomposición.
  • No pudo establecerse si la investigación forense hizo las acciones correspondientes en todos los casos, o si se había operado de manera discrecional y sobre la base de deducciones.
  • En la mayoría de los casos no se conoció la ocupación de las mujeres ejecutadas. Sin embargo, en el 45% de ellos, se trataba de amas de casa.
  • En la mayoría de situaciones no se tenían datos sobre los sospechosos, pero vale mencionar que en la mitad de las ejecuciones, cuando sí existía este dato, los sospechosos eran conocidos de las mujeres ejecutadas y habían tenido una relación amorosa o sentimental con ellos.

Al revisar algunos otros estudios♀7, las historias de vida de familiares de las mujeres ejecutadas, las bases de datos existentes y disponibles y los informes de las Relatoras Especiales que vinieron al país en el 2004, se puede concluir en que el conjunto de instituciones y organismos públicos y autónomos del Estado, no cuentan con políticas ni recursos especiales para la atención de la violencia contra las mujeres en general, y mucho menos para enfrentar y detener sus ejecuciones.

La ausencia de registros específicos y datos confiables es, en coincidencia con lo apuntado arriba, uno de los principales obstáculos identificados por las diversas organizaciones:… “El riesgo que se corre al no tener un mecanismo único de registro y de sistematización de la información es la duplicidad en el conteo de los casos, especialmente porque la información no es observada como parte de un proceso de atención en donde los mecanismos de seguimiento deberían de estar claramente detallados como en una cadena de pasos”.♀8

La fase de investigación criminológica está plagada de deficiencias y vicios institucionales, asociados con los procedimientos que utilizan normalmente para cualquier tipo de homicidio. No existen criterios comunes entre las diferentes instancias que intervienen en la investigación criminal para recabar, organizar, cuidar y decidir sobre el uso de los hallazgos encontrados. Los datos no son confiables, están duplicados, las cifras varían de acuerdo a las instituciones y no existen criterios comunes.

En las prácticas cotidianas del personal encargado se observan actitudes que revelan las lógicas e imaginarios subyacentes a los que aludíamos antes, sobre lo que significa ser mujeres y hombres en la sociedad y la legitimación de los actos violentos como formas de solucionar conflictos, disciplinar y castigar a las mujeres.

En el proceso de llevar a cabo el circuito de acciones propias de un modelo de investigación criminal, el orden lógico de los roles institucionales se va desfigurando, así como los límites entre una y otra institución. De tal cuenta que los actores involucrados (poco capacitados y menos sensibilizados sobre este tipo específico de homicidios) resultan ejecutando una serie de “pasos” comunes y permanentes en cualquier tipo de homicidio. La información es recabada de manera fragmentada y dispersa y además, en la construcción del dato no existen protocolos homogéneos, por lo que siempre parece hacer falta más información.

ALGUNAS POSIBILIDADES DE DISMINUIR EL RIESGO

El telón de fondo de todas las acciones desde el Estado debería ser el impulso de valores que potencien el papel de la mujer en la sociedad, desde una visión equitativa y protagónica. La promoción de estos valores debería hacerse a todo nivel y ser la base de cualquier acción formativa del personal en el Estado.

Mientras lo anterior no ocurra y los imaginarios sociales sobre el papel de mujeres y hombres en la sociedad sigan basados en visiones de minusvalía, cosificación, apropiación y uso de las primeras, no será posible institucionalizar a nivel de la sociedad, acciones permanentes para avanzar en la equidad de género y detener la violencia contra las mujeres y su expresión más exacerbada: el femicidio.

La definición, revisión y/o ampliación y cumplimiento de marcos jurídico administrativos ya existentes, la asignación de recursos, el fortalecimiento de las instituciones, la formación, sensibilización y capacitación de los/as responsables de prestar servicios, son elementos de primer orden en la atención que todos los organismos públicos y autónomos del Estado deben brindar a esta problemática.

Otros elementos de primer orden están asociados a la necesidad impostergable de que el personal estatal relacionado con la aplicación de justicia sea formado y sensibilizado sobre la especificidad de género que subyace en el tema de la violencia contra las mujeres, particularmente en el femicidio y sobre los instrumentos nacionales e internacionales que conforman el marco jurídico administrativo que protege, promueve y respalda los derechos humanos de las mujeres.

El Estado debería promover y apoyar las investigaciones, diagnósticos, encuestas y estudios en general, que contribuyan a conocer más y mejor el comportamiento del problema en cada región del país y en cada grupo socio cultural. Documentar los casos es el primer paso para poder diseñar intervenciones más efectivas y a largo plazo.

Como acciones más específicas destacan tres: la investigación criminal el registro y la estadística y el resarcimiento a las familias de las mujeres ejecutadas y al colectivo femenino en su conjunto.

En el ámbito de la investigación criminológica:

  • Deberían formularse líneas de intervención homogéneas de cada una de las instituciones, para todas las etapas de la investigación criminológica, que potencien la coordinación interinstitucional.
  • Toda la investigación criminológica debería estar orientada por un análisis que parta y de cuenta de la especificidad de género, presente en la violencia contra las mujeres y el femicidio.
  • Debería ser creada y fortalecida una instancia especializada dentro de la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público para atender los casos de violencia sexista contra las mujeres, específicamente los casos de femicidio.
  • Los recursos asignados a la investigación forense deberían aumentar de manera significativa

En relación con el registro y la estadística:

  • El sistema nacional de estadística debería buscar los datos correspondientes a los casos de violencia contra las mujeres y femicidio, crear el sistema nacional de información sobre la situación, condición y posición de las mujeres en Guatemala, específicamente respecto al problema de la violencia contra ellas y el femicidio, estandarizar la información y jugar el papel rector y coordinador que le corresponde

El resarcimiento a las familias de las mujeres ejecutadas por su parte, debería ser un objetivo de primer orden. El acceso y la aplicación de justicia es uno de los primeros pasos para el resarcimiento. Las familias precisan de ser resarcidas en los ámbitos económicos, psicológicos, social y culturalmente. Programas públicos de seguridad y prevención, forman parte del resarcimiento colectivo. La promoción de campañas de sensibilización sobre el problema y los que apunten a la dignificación de las mujeres ejecutadas también lo son.

Las acciones más importantes que se pueden identificar para enfrentar el problema y aproximarnos a su solución, están asociadas con dos niveles de intervención. Uno de ellos está referido a la institucionalidad del Estado y el otro a los espacios de construcción y fortalecimiento de nuestra ciudadanía plena. Al primero nos referimos a lo largo de este artículo. El segundo, nos corresponde encararlo en el movimiento feminista y de mujeres.

Lo que sí es cierto es que en Guatemala las mujeres no estamos seguras, ni en la casa, ni en la cama, ni en la calle. Nos urge alguna señal que disminuya el terror que nos provoca esta crónica de… nuestras ejecuciones anunciadas.

Guatemala, 14 de julio de 2005.



[1] Socióloga guatemalteca, Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene estudios de posgrado en Estudios de la Mujer en la Universidad de Costa Rica y en la de Panamá. Ha realizado varias investigaciones y estudios sobre el tema de Violencia contra la Mujer, para diversos organismos nacionales e internacionales y el movimiento de mujeres y feminista de la región.

♀1 Grupo Guatemalteco de Mujeres, entrevista a la madre de María Isabel Véliz Franco, el 10 de diciembre del 2004. Historia de Vida No. 1, Base de datos propiedad del Grupo.

♀2 Múltiples investigaciones realizadas en Costa Rica, Puerto Rico, EEUU, Paraguay, Brasil, México, Chile y República Dominicana, coinciden en estas apreciaciones.

♀3 Según los informes del REMHI y la CEH, de las 200,000 personas asesinadas o desaparecidas durante la guerra interna, la cuarta parte eran mujeres (www.amnesty.org/library/index/ENGAMR340172005). Una explicación más amplia a este respecto puede verse en: Kelly, Liz. Surviving Sexual Violence, Polity Press: England. 1998.

♀4 Ver: Radford, Jill y Diana E. Russell . Femicide. The Politics of Woman Killing. Twayne Publishers: New York. 1992.

♀5 Marcela Lagarde, Conferencia en el Congreso de la República de Guatemala. 20 de septiembre 2004.

♀5 Grupo Guatemalteco de Mujeres. Diagnóstico situacional de las muertes violentas de mujeres en Guatemala, preparado para el Programa Plurianual Democracia y Derechos Humanos de la UE. Febrero 2005. (fotocopiado).

♀6 Op. Cit.

♀7 Por ejemplo: Amnistía Internacional, Guatemala ni protección ni justicia: Homicidios de mujeres en Guatemala, presentado en Guatemala el 9 de junio de 2005 o Procuraduría de Derechos Humanos, Muertes violentas de mujeres durante el 2003-2004.

♀8 CONAPREVI. Diagnóstico nacional sobre la atención institucional a la problemática de violencia intrafamiliar y contra las mujeres. Guatemala. 2003.

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