Por: Isabel Díaz Medina
Tomado de Revista Punto Final
Edición Nº752 del viernes 2 de marzo de 2012
En Chile, durante la primera década del 2000, más de 500 mujeres han sido asesinadas; según la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual. En los últimos tres años solo el 27 por ciento había denunciado previamente al femicida. Flor del Carmen Núñez Valdés de 31 falleció el 13 enero en su domicilio en Talca, luego que su pareja la atacara brutalmente con un cuchillo propinándole dieciocho puñaladas, en presencia del hijo de ambos, de tan sólo cinco años. Flor se convirtió en la primera mujer víctima de femicidio en este 2012. En vida no recibió atención por violencia en el Centro de la Mujer del Sernam, ni tampoco registra denuncias en Carabineros. El 20 de febrero otra mujer, Vanesa Leal Escobar, de 19 años, fue asesinada a cuchilladas por su pareja en Quilicura.
En Chile, la magnitud de la violencia contra las mujeres es alarmante, constituye un problema de salud pública y una violación grave e intolerable a los derechos humanos, pero no es abordada social, legal ni institucionalmente como tal, según las expertas en materia de derecho de género.
VIOLENCIA E IMPUNIDAD
“La legislación chilena integra una definición de violencia restringida al ámbito doméstico, y deja fuera las relaciones de pololeo, noviazgo y otras formas de violencia que pueden terminar con un femicidio, como por ejemplo las agresiones por desconocidos. En Chile todavía no tenemos políticas nacionales, integrales e intersectoriales que permitan prevenir, reparar los daños, proteger efectivamente a las afectadas y sancionar a los agresores” afirma María Eugenia Calvin Pérez de la Fundación la EPES (Educación Popular en Salud).
La asistente social de la Universidad de Chile agrega que “el acceso a la justicia es hoy uno de los principales problemas para la protección de los derechos humanos de las mujeres”. En este sentido, asegura que “faltan recursos para implementar medidas cautelares y proteger efectivamente a las mujeres que denuncian, no hay recursos para la capacitación de los jueces, fiscales, policías y personal de salud que les permita cambiar su visión del problema y comprender que la violencia contra las mujeres como problema de derechos humanos, de discriminación y desigualdad”.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belem Do Pará), vigente en Chile desde 1998, prohíbe la violencia física, psíquica y sexual en contra de las mujeres, tanto si ocurre en el espacio público como privado.
Para la abogada Paulina Maturana Vivero, docente de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad Derecho Universidad Central, “hay un principio básico de los derechos humanos que es la igualdad y la no discriminación. La Constitución de la República dice que los hombres y mujeres son iguales y libres en dignidad y derecho, situación que no se da en este país”.
“El modelo de procedimiento judicial definido para la violencia intrafamiliar tanto en la justicia de familia como en la justicia penal, se orienta inadecuadamente hacia la suspensión del procedimiento. Este tratamiento es abiertamente contrario a las normas nacionales e internacionales que definen la violencia contra las mujeres como una grave violación a los derechos humanos y tampoco permite dar cumplimiento al objeto definido por la propia Ley Nº 20.066, en orden a sancionar la violencia intrafamiliar”.
La jurista añade que “la suspensión condicional del procedimiento o de la sentencia en su caso, debe ser eliminada en todo caso de violencia. La experiencia internacional muestra que el arrepentimiento del agresor, aun siendo sincero, no es un elemento que por sí solo permita el cambio de comportamiento y el aprendizaje de un modo de relación no violento. Además, resulta improcedente que la legislación permita aplicar el principio de oportunidad en casos de violencia intrafamiliar, por considerar que éstos hechos no comprometen gravemente el interés público. La ausencia de reproche social y la falta de sanción penal efectiva importa desprotección para las víctimas e impunidad para los crímenes”.
LA MATÉ PORQUE ES MÍA Y SE FUE CON OTRO
En 2010 la ley penal reconoció que cuando se da muerte a una mujer en el marco de una relación de pareja, se está frente a un femicidio. Esta Ley señala que el femicidio no es un delito común, sino un crimen de poder que busca limitar la autonomía y mantener el control sobre el cuerpo, la libertad y la sexualidad de las mujeres.
Para las organizaciones de mujeres y feministas, tipificar el delito de femicidio permite ponerle nombre a algo que ocurre y que como sociedad invisibilizamos. Desde el 2001 son 500 las mujeres asesinadas por hombres, en su mayoría sus parejas
La abogada Lidia Casas, coordinadora del área Género y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, afirma que “la Ley de femicidio sirve como una señal social potente. Hay un fuerte componente simbólico, pero nos quedamos en el mensaje macro que es “el machismo mata”. Muchas veces el solo hecho de haber denunciado puede exponer a las mujeres a mayor violencia, o que ciertas medidas de resguardo signifiquen mayor exposición a ciertos riesgos”.
Casas, miembro de una red latinoamericana de profesores de derecho, género y sexualidades discriminadas (Red- Alas), apuesta por la implementación de modelos de intervención del sistema judicial que aseguren prevenir la violencia, erradicarla y reparar a las víctimas.
“Pareciera que nuestra gran apuesta estuviera en la sanción máxima para el sujeto que mata, pero eso son los pocos y es que hoy día además la mayoría de los hombres se suicida y por lo tanto ni siquiera tenemos un condenado”, cuestiona la abogada Lidia Casas.
“El hombre que golpea a su mujer es un sujeto que comparte con nosotros en todo tipo de actividades sociales. Ese sujeto que maltrata está entre nosotros, y por eso que tal vez a los jueces, a los fiscales y a los defensores, incluso a nosotros como sociedad, nos parece difícil disociar al sujeto que mata o golpea privado”.
La mayoría de los femicidas justifica sus crímenes alegando “la maté porque es mía y se fue con otro”, cuestión que demuestra que en la lógica de la cultura patriarcal “aparece como normal” que la pérdida del control conlleve al arrebato, a la ofuscación y al crimen (1).
Lidia Casas explica que “los casos de violencia intrafamiliar son vistos por los Tribunales de Familia y si éstos consideran que se configura un delito, por ejemplo el de amenazas o maltrato habitual de carácter físico, se remitirán los antecedentes al Ministerio Público. El maltrato psicológico no es constitutivo de delito, y esos casos quedan generalmente en los Tribunales de Familia”, que con los recursos físicos, humanos y presupuestarios que se pusieron a su disposición colapsaron al poco de entrar en funcionamiento.
FEMICIDIO, UN FRACASO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
La socióloga Teresa Valdés Echeñique, Coordinadora del Observatorio de Género y Equidad Cedem, afirma que “el femicidio es la expresión más brutal de la violencia y es la demostración del fracaso de todas las políticas públicas. La Ley de Violencia Intrafamiliar se aprobó sin presupuesto. Entonces la prevención se reduce a una campaña por los medios que genera conciencia y favorece el aumento de denuncias”.
“El femicidio es la punta del iceberg de miles de denuncias anuales de mujeres que van en aumento, y que no se enfrentan con acciones que signifiquen parar el circuito de violencia, que puede terminar en muerte. Se estima que por cada mujer que denuncia hay siete que sufren violencia, y por ello son importantes los estudios de prevalencia. El número oficial con respecto a la violencia intrafamiliar esconde muchas realidades”, que no están cuantificadas.
En ese sentido, Teresa Valdés asegura que “detectar la violencia es muy difícil a los ojos de las propias mujeres. De hecho, muchas que llegan al sistema público de salud con problemas psicológicos no se dan cuenta que lo que está detrás es violencia”.
Para la socióloga, “la falta de poder expone a las mujeres a sufrir violencia sólo por el hecho de ser mujeres. Hay acoso laboral, acoso sexual, maltrato físico, psicológico, sexual por parte de sus parejas o ex-parejas, violación y tráfico para la explotación sexual. Es un acto de violencia no sólo contra ellas, sino contra la sociedad en su conjunto. Tenemos una cultura en la que se resuelven los conflictos por la vía de la violencia. El tema de la violencia es el “dedo en la llaga” de una sociedad que se cree moderna, que se dice democrática”.
VIOLENCIA EN LA POBREZA Y EXCLUSIÓN
Según estudios de ONGs, la violencia intrafamiliar es transversal, aunque existe consenso en que en situación de pobreza y exclusión la violencia física es más dramática, a la que suma la violencia económica. La violencia intrafamiliar en los sectores populares es más visible porque las víctimas tienen que usar los servicios públicos. De las mujeres adultas atendidas en un servicio de urgencia en las que se detectó violencia, el 69,5% presentaba lesiones leves; el 24,5% lesiones de mediana gravedad, y el 15,8% lesiones graves. Incluso en el 2,6% del total existía riesgo vital (2).
María Eugenia Calvin de la Fundación EPES, plantea que “en la prensa los malos tratos suelen asociarse con ambientes marginales, y por ello es necesario dar a conocer el hecho que la violencia intrafamiliar existe en todas las clases sociales. Esto puede contribuir a reforzar la autoestima de las víctimas”.
Agrega que “la prensa, la radio, el cine, la publicidad o la televisión, y en general en toda la industria de la cultura, hay imágenes y expresiones que muestran una visión deformada de la mujer como víctima, objeto, sexo débil y figura dominada. El femicidio se presenta como un crimen pasional, de manera sensacionalista, frívola y justificado a través de frases impacto “loco de celos la asesinó a cuchillazos”. La imagen de los agresores como “celoso” o “bebedor”, enfermo de celos, llevan a la exculpación”.
CUANDO UNA MUJER DICE NO, ES NO
“Los dichos misóginos del presidente Piñera en la Cumbre de Jefes de Estado en México, son una vergüenza y una agresión a todas las mujeres”, declaró la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual.
La psicóloga Soledad Acevedo, coordinadora de la Red, asegura que “Piñera a través de sus dichos está reforzando ciertos patrones culturales, donde las mujeres seguimos siendo discriminadas y subordinadas”. Para Acevedo, “con el actual gobierno existe un retroceso en materia de derechos de género, lo que se ve reflejado en una serie de situaciones, como por ejemplo que el Sernam invierta recursos en rehabilitar a los agresores, el memorándum sobre abstinencia sexual y el instructivo del gobierno regional de Coquimbo acerca de cómo vestir. Estamos ante una violencia institucional, aquella ejercida por agentes del Estado, quienes precisamente deben garantizar la dignidad e integridad”.
1 Tipificación del femicidio en Chile (2009). Red Chilena Contra La Violencia Doméstica y Sexual.
2 OPS, Minsal y Sernam (2006).
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